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Sin embargo, cuando se trata de Delitos Federales, la situación es muy distinta. El Congreso de los Estados Unidos tiene la competencia para aprobar y sancionar el Título 18 del Código de los Estados Unidos y sus reformas parciales, que son promulgadas por el Presidente de los Estados Unidos. En Estados Unidos todos los códigos legales aprobados por el Congreso de los Estados Unidos están fundidos en un solo gigantesco Código, por lo que cada título de ese cuerpo legal equivale a un código completo de otros países; en el caso del Título 18, el mismo equivale a un Código Penal y a un Código de Procedimiento Penal unidos en uno. Dicho Título 18 tiene vigencia sobre todo el territorio nacional de los Estados Unidos, incluyendo todos y cada uno de los Estados y Territorios no incorporados, pero solamente para aquellos delitos que entran dentro de la jurisdicción federal.
Por citar un ejemplo (el que más tiene que ver con la Pena de Muerte) el asesinato en la mayoría de los casos es un delito estatal, tipificado en el Código Penal del Estado donde se haya cometido el crimen y juzgado por la justicia de ese Estado; pero en algunos casos puede ser un delito federal, como por ejemplo si se asesina a un empleado federal (del FBI, DEA, Departamento del Tesoro, o cualquiera de las otras agencias y departamentos del gobierno federal) con motivo del cumplimiento de su deber, o si se asesina al Presidente de los Estados Unidos, al Vicepresidente de los Estados Unidos, a un senador o representante (diputado) del Congreso de los Estados Unidos, a un magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos o a un Secretario (Ministro) del Gabinete de los Estados Unidos, incluso cuando se trata de funcionarios electos que todavía no han tomado posesión de su cargo o de candidatos presidenciales o vicepresidenciales que ni siquiera han sido electos aún. Igualmente el delito es federal si un preso que está cumpliendo cadena perpetua en una prisión federal asesina a una persona dentro de la cárcel o lo hace después de escapar de ella. En esos casos el delito está tipificado en el Título 18 del Código de los Estados Unidos (de la nación) sin importar el Estado donde se haya cometido el crimen; y por lo tanto, al ser un delito federal, es juzgado por los Tribunales Federales que son paralelos e independientes de la justicia de los Estados (los jueces federales son nombrados por el Presidente con la aprobación del Senado de los Estados Unidos).
El asesinato también es federal si se comete dentro de la "jurisdicción especial marítima y territorial de los Estados Unidos", que abarca las aguas territoriales estadounidenses de alta mar (excluyendo las aguas que están bajo jurisdicción de los diferentes estados costeros), los aviones cuando sobrevuelan las aguas bajo jurisdicción federal, los terrenos adquiridos para sus instalaciones por el gobierno federal con autorización de la Legislatura Estatal respectiva (siempre que se le haya cedido la jurisdicción exclusiva o concurrente sobre los mismos), todo buque extranjero que entre o salga de Estados Unidos (siempre que el delito sea contra un estadounidense y que la ley internacional permita la jurisdicción) y las misiones diplomáticas estadounidenses.
Otros delitos federales por los que una persona puede ser condenada a muerte son la Traición a la Patria, el Espionaje, los Crímenes de Guerra que causen la muerte de la víctima, el Genocidio, el uso de un arma química que cause la muerte de las víctimas, etc. Cuando una persona es juzgada por un Tribunal Federal y condenada a muerte de acuerdo al Código Penal de los Estados Unidos, es el Presidente de los Estados Unidos y no un Gobernador de Estado el que tiene la última palabra para perdonarle la vida cambiando la condena por Cadena Perpetua, o por el contrario para confirmar la sentencia y ordenar su ajusticiamiento.
Por esa razón la Pena de Muerte existe en todo el territorio de los Estados Unidos, porque aunque haya Estados que la hayan eliminado para los delitos estatales incluso en esos Estados existe la Pena de Muerte para los delitos federales; porque constitucionalmente los Estados no tienen autoridad o competencias para prohibirle a los Tribunales Federales y a el Presidente de los Estados Unidos que apliquen la Pena de Muerte en casos federales ocurridos en su territorio. Los Estados no pueden invadir la jurisdicción federal de la misma manera que los Poderes Federales (Presidente, Congreso y justicia federal) no pueden obligar a los Estados a aplicar la Pena de Muerte en el caso de delitos estatales.
Incluso la ley federal dice que en el caso de la ejecución de un reo condenado por la justicia federal, se debe aplicar el método de ejecución usado por el Estado en cuyo territorio se haya cometido el crimen. Pero si en ese Estado no existe la Pena de Muerte, entonces el Juez Federal puede seleccionar el método usado por cualquiera de los otros Estados donde sí existe la Pena de Muerte. De lo que se desprende claramente que la ley federal prevalece sobre la estatal en el caso de los delitos que son de la exclusiva jurisdicción federal; ya que la inexistencia de la Pena de Muerte en un Estado donde se cometió un delito federal castigado con la misma sólo produce el efecto de obligar al Juez de la causa a escoger el método de ejecución.
También la Jurisdicción Militar, regida por el Código Uniforme de Justicia Militar de los Estados Unidos y aplicada por las Cortes Militares, escapa al control de los Estados y tiene vigente la Pena de Muerte en todo el territorio de la nación. Si un militar es condenado a muerte por una Corte Militar es el Presidente quien tiene la última palabra sobre su perdón o ejecución.
