Editorial El Nuevo Herald 07/08/2015
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Esta semana la histórica Ley de Derechos Electorales cumplió 50 años. Ésta sigue siendo relevante, necesaria – y atacada. Apenas el miércoles, una corte federal de apelaciones desechó una estricta ley de Texas que exigía que los votantes mostraran identificación para votar, aduciendo que la medida, apoyada por los republicanos y aprobada en el 2011, viola la ley.
La Ley de Derechos Electorales nació a partir del momento en que la América blanca – sobre todo en el Sur – llenó de obstáculos el camino de los afroamericanos hacia las urnas, negándoles así una voz que estaba plenamente garantizada por la 5ta. Enmienda, la cual fue ratificada en 1870. El entonces presidente Lyndon Johnson señaló que casi un siglo después los negros todavía no podían ejercer plenamente el derecho al voto que se les había concedido; asimismo los latinos, en Texas, también se enfrentaban a un tratamiento “separado y desigual”.
Desafortunadamente, a pesar de los avances que se han realizado 50 años después que se promulgó la Ley de Derechos Electorales, todavía hay muchos obstáculos.
En 2013, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la Sección 5 de la Ley por considerarla obsoleta, la cual requería que los lugares que tuvieran una historia de discriminación racial debían obtener la aprobación federal antes de cambiar sus leyes electorales. El Congreso debe actuar en al menos dos proyectos de ley que buscan actualizar la fórmula que determina qué localidades todavía necesitan dicha supervisión.
Antes de que se aprobara la polémica Ley, la violencia, altos impuestos y hasta ridículas pruebas de alfabetización era lo que les esperaba a los afroamericanos cuando se presentaban para registrarse.
En Florida, a los residentes les cobraban $2 para registrarse para votar. Eso sería alrededor de $50 de los de hoy. Aunque el impuesto se aplicaba a todo el mundo, había una exención para los hombres blancos que habían votado previamente, o tenían un pariente que había votado. En consecuencia, la mayoría de los afroramericanos tenían que pagar por su derecho al voto.
Florida continúa poniendo obstáculos en el camino de fácil acceso a las urnas. Por ejemplo, Florida es uno de los tres estados que no restaura automáticamente el derecho al voto de los ex convictos. Esta política tiene sus raíces en las antiguas prácticas atroces de Jim Crow, las cuales no tienen lugar en la nación norteaméricana del siglo 21. Pero ésta persiste bajo el gobernador Scott y su Gabinete – y estos funcionarios electos han hecho que sea más difícil recuperar sus derechos aun para aquellos que fueron condenados por delitos no violentos.
En nombre de la lucha contra el fraude electoral, no comprobado, las autoridades estatales – incluyendo a esos que sirvieron bajo la administración de Jeb Bush–, trataron de hacer purgas masivas del registro electoral, pero esto atrapó tanto al legítimo como al que no era elegible.
El estado sigue cambiando los horarios y las localidades habilitadas para la votación temprana. Y otra mala ley estatal crea más dificultades para las organizaciones no partidistas, como la Liga de Mujeres Votantes y Rock the Vote, para inscribir nuevos floridanos para que puedan ir a las urnas.
Con un movimiento progresista y bipartidista, los legisladores estatales aprobaron que se pueden inscribir para votar en Internet – por encima de las vociferantes objeciones del secretario estatal, Ken Detzner, quien administra las elecciones del estado.
Detzner no debe arrastrar los pies en la implementación de esta medida inteligente. El Derecho al voto aún importa, y él tiene un compromiso con todos los floridanos.
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