EDUARDO CUNHA
La medida cautelar que hoy suspendió el mandato del presidente de la
Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ha quitado del medio al personaje
más incómodo de la crisis brasileña, cuya destitución es exigida a
gritos por el Gobierno y la oposición.
Cunha fue suspendido de sus funciones como diputado, y por tanto de la presidencia de la Cámara Baja, por una decisión del juez Teori Zavascki, uno de los once miembros del Tribunal Supremo, que ahora deberá refrendar esa decisión en una reunión plenaria.
Sin embargo, tanto por manifestaciones previas de la mayoría de los jueces, como por la propia presión que se ejerce desde medios políticos y la propia sociedad, nadie tiene dudas que la decisión de Zavascki será ratificada.
Cunha es actualmente el segundo en la línea sucesoria del Estado, pero habría podido escalar la semana próxima al primer lugar si el Senado decide abrir un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, quien en ese caso sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer.
La Constitución brasileña le reserva al presidente de la Cámara de Diputados la potestad de aceptar una denuncia contra el jefe de Estado y eso hizo Cunha a fines del año pasado, cuando un grupo de juristas vinculado a la oposición acusó a Rousseff de unas maniobras fiscales irregulares en los años 2014 y 2015.
Cunha, del hasta entonces oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer, había anunciado unos meses antes su decisión de pasar a engrosar las filas opositoras y su apoyo a las fuerzas políticas que trabajaban por la destitución de Rousseff.
Sin embargo, unas graves acusaciones que lo implicaron de lleno en el escándalo de corrupción en Petrobras le hicieron perder puntos incluso entre los opositores, que en principio habían celebrado su adhesión pero luego fueron tomando una prudente distancia.
Según esos cargos, ya aceptados por el Supremo, que inició un proceso penal contra Cunha a principios de este año, el presidente de la Cámara de Diputados obtuvo al menos cinco millones de dólares de la red de corrupción que operó en la estatal petrolera y tenía ese dinero oculto en unas cuentas secretas en bancos suizos.
Cunha negó a rajatabla las acusaciones y la existencia de esas cuentas, pero la propia justicia suiza desmontó todos sus argumentos cuando, en cooperación con las autoridades brasileñas, demostró que ese dinero estaba a su nombre en bancos helvéticos.
Esa constatación derrumbó la imagen de Cunha ante la sociedad y hasta en las multitudinarias protestas que en los últimos meses han exigido la salida de Rousseff también se comenzó a clamar por su destitución de la Cámara de Diputados, lo que fue respaldado por los principales partidos de la oposición.
Arropada por voluminosas pruebas y en sintonía con la sociedad, la Fiscalía se dirigió a inicios de este año al Supremo para exigir que le fuera retirado el mandato a Cunha, lo cual finalmente fue acatado hoy, de momento en forma cautelar, por el juez Zavascki.
Para algunos analistas, en el complicado ajedrez de la crisis brasileña, Cunha jugó el papel de “peón del rey”, una pieza usada generalmente en la apertura, que controla el medio juego y que, en un momento dado, puede ser sacrificada para facilitar el asalto.
Cunha fue útil a la oposición para poner en marcha el trámite que puede acabar con el mandato de Rousseff, y ahora, cuando se empieza a consumar el proceso, ha sido sacado del tablero por una medida cautelar que no parece tener enemigos en el Tribunal Supremo.
La decisión de Zavascki atiende una demanda del Gobierno, que ha atribuido a Cunha y a su manifiesta enemistad con Rousseff el inicio del proceso que le puede costar el cargo a la mandataria.
No obstante, al mismo tiempo deja fuera del juego a un personaje incómodo para Temer, que la próxima semana puede asumir en forma interina la presidencia si el pleno del Senado decide iniciar el juicio político contra Rousseff.
Si así fuera, la mandataria sería suspendida durante los 180 días que duraría el proceso y en ese período su lugar sería ocupado en forma interina por Temer, quien completaría el mandato en caso de que Rousseff sea finalmente destituida.
Cunha fue suspendido de sus funciones como diputado, y por tanto de la presidencia de la Cámara Baja, por una decisión del juez Teori Zavascki, uno de los once miembros del Tribunal Supremo, que ahora deberá refrendar esa decisión en una reunión plenaria.
Sin embargo, tanto por manifestaciones previas de la mayoría de los jueces, como por la propia presión que se ejerce desde medios políticos y la propia sociedad, nadie tiene dudas que la decisión de Zavascki será ratificada.
Cunha es actualmente el segundo en la línea sucesoria del Estado, pero habría podido escalar la semana próxima al primer lugar si el Senado decide abrir un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, quien en ese caso sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer.
La Constitución brasileña le reserva al presidente de la Cámara de Diputados la potestad de aceptar una denuncia contra el jefe de Estado y eso hizo Cunha a fines del año pasado, cuando un grupo de juristas vinculado a la oposición acusó a Rousseff de unas maniobras fiscales irregulares en los años 2014 y 2015.
Cunha, del hasta entonces oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer, había anunciado unos meses antes su decisión de pasar a engrosar las filas opositoras y su apoyo a las fuerzas políticas que trabajaban por la destitución de Rousseff.
Sin embargo, unas graves acusaciones que lo implicaron de lleno en el escándalo de corrupción en Petrobras le hicieron perder puntos incluso entre los opositores, que en principio habían celebrado su adhesión pero luego fueron tomando una prudente distancia.
Según esos cargos, ya aceptados por el Supremo, que inició un proceso penal contra Cunha a principios de este año, el presidente de la Cámara de Diputados obtuvo al menos cinco millones de dólares de la red de corrupción que operó en la estatal petrolera y tenía ese dinero oculto en unas cuentas secretas en bancos suizos.
Cunha negó a rajatabla las acusaciones y la existencia de esas cuentas, pero la propia justicia suiza desmontó todos sus argumentos cuando, en cooperación con las autoridades brasileñas, demostró que ese dinero estaba a su nombre en bancos helvéticos.
Esa constatación derrumbó la imagen de Cunha ante la sociedad y hasta en las multitudinarias protestas que en los últimos meses han exigido la salida de Rousseff también se comenzó a clamar por su destitución de la Cámara de Diputados, lo que fue respaldado por los principales partidos de la oposición.
Arropada por voluminosas pruebas y en sintonía con la sociedad, la Fiscalía se dirigió a inicios de este año al Supremo para exigir que le fuera retirado el mandato a Cunha, lo cual finalmente fue acatado hoy, de momento en forma cautelar, por el juez Zavascki.
Para algunos analistas, en el complicado ajedrez de la crisis brasileña, Cunha jugó el papel de “peón del rey”, una pieza usada generalmente en la apertura, que controla el medio juego y que, en un momento dado, puede ser sacrificada para facilitar el asalto.
Cunha fue útil a la oposición para poner en marcha el trámite que puede acabar con el mandato de Rousseff, y ahora, cuando se empieza a consumar el proceso, ha sido sacado del tablero por una medida cautelar que no parece tener enemigos en el Tribunal Supremo.
La decisión de Zavascki atiende una demanda del Gobierno, que ha atribuido a Cunha y a su manifiesta enemistad con Rousseff el inicio del proceso que le puede costar el cargo a la mandataria.
No obstante, al mismo tiempo deja fuera del juego a un personaje incómodo para Temer, que la próxima semana puede asumir en forma interina la presidencia si el pleno del Senado decide iniciar el juicio político contra Rousseff.
Si así fuera, la mandataria sería suspendida durante los 180 días que duraría el proceso y en ese período su lugar sería ocupado en forma interina por Temer, quien completaría el mandato en caso de que Rousseff sea finalmente destituida.
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