Para hoy estaba prevista una votación en el Senado —por decisión personal de su presidente— para ratificar el impeachment contra Rousseff, pero el Gobierno recurrió anoche judicialmente la sesión. Se trata de la guinda a la confusión generada desde que Waldir Maranhão, acusado de corrupción y desde el jueves presidente del Congreso —en donde, bajo otro presidente, apartado del cargo por el Tribunal Supremo, ya se ha votado a favor de la destitución—, ordenara el lunes suspender todo el proceso. Pero el presidente del Senado, Renán Calheiros, se negó a obedecerle y prometió seguir adelante con la votación. Horas después, Maranhão se desdijo y dio vía libre a la votación.
Mientras Brasil se hunde en la recesión, la oposición ha utilizado el Congreso para convertir una acusación de carácter político —un mal manejo del presupuesto— en un proceso previsto para casos penales. Las sucesivas investigaciones no han podido demostrar la participación de la presidenta en las corruptelas que afectan a su partido, pero el abandono de varios de sus socios de Gobierno la han colocado en una situación muy complicada.
Esta crisis institucional plantea dudas más que razonables sobre la legitimidad que tendría un nuevo mandatario surgido después de un proceso tan poco habitual.
