La Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó este lunes celebrar una reunión de cancilleres para analizar el conflicto en la frontera entre Colombia y Venezuela tras el cierre ordenado por el presidente Nicolás Maduro el pasado día 19. El representante de Colombia, el embajador Andrés González, calificó la situación de “crisis humanitaria grave” e instó a la OEA a que “no guarde silencio” porque “Colombia entera está indignada y ultrajada”.
Desde el comienzo de esta crisis el pasado día 19. Colombia, que buscaba convocar una Reunión de Consulta de los Ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros, se quedó a un voto de conseguir que la OEA se pronuncie acerca del conflicto entre los dos países tras denunciar ante la organización las deportaciones de más de un millar de colombianos por parte de Venezuela.
"Desafortunadamente el que perdió fue el continente, perdió la OEA en un debate tan importante de los derechos humanos, los derechos humanos de los migrantes, un fenómeno que no solamente ocurre en Colombia sino que es un fenómeno que ocurre en muchas partes de la región", declaró María Ángela Holguín, canciller colombiana, en una rueda de prensa ofrecida en Bogotá tras el resultado de la reunión en Washington. Holguín rechazó que se trate de una derrota y valoró los 17 votos de respaldo a Colombia como "una demostración de que la mayoría de los países quería debatir sobre este tema".
El representante colombiano ante la OEA, declaró en la cita de este lunes que han "visto atónitos la deportación arbitraria y el maltrato a compatriotas sólo por el hecho de ser colombianos y de no tener sus papeles en regla”. El presidente de la reunión, el embajador de Uruguay Hugo Cayrus, destacó que los representantes de Colombia y Venezuela reiterasen “la importancia del diálogo” y describió la crisis en la frontera como una “situación humanitaria” durante la primera cita para tratar la crisis entre los dos países.
“Allanar las viviendas, sacar a la fuerza a los habitantes, separar a las familias, no dejarles sacar sus pocos bienes y marcar las casas para luego demolerlas son procedimientos totalmente inaceptables y recuerdan episodios amargos de la humanidad que no pueden repetirse”, afirmó el embajador de Colombia durante su intervención. González reconoció que el contrabando y el narcotráfico son problemas reales en la región, pero apeló a la diplomacia y a “políticas comunes” para resolverlo.
El representante venezolano, el embajador Roy Chaderton, aseguró por su parte que “la verdadera crisis humanitaria” es la de los 5,5 millones de colombianos que residen en Venezuela, que entre los edificios marcados para su demolición se encontraban refugios de secuestradores y que los irregulares deportados obtenían alimentos y bienes a precios reducidos en el lado venezolano de la frontera para después venderlos a precios más altos en Colombia.
“El presidente Maduro ordenó el cierre de la frontera ante el asalto consuetudinario e impune cometido día tras día por irregulares colombianos dedicados a vaciar los almacenes venezolanos fronterizos para su reventa ilegal en territorio colombiano ante la vista de sus autoridades locales”, afirmó el embajador venezolano ante la OEA, que rechazó que este organismo trate la crisis actual por su “lamentable y frustrante actuación en situaciones complejas” anteriores.
El Gobierno de Venezuela ordenó el cierre de la frontera tras el incidente en el que tres oficiales resultaran heridos en un ataque que Caracas atribuye a paramilitares y contrabandistas colombianos. El cierre temporal, en un principio de 72 horas, fue extendido después indefinidamente y amenaza con crear un problema regional más allá de las dos naciones implicadas. Hasta la fecha, más de un millar de personas han sido deportadas y se estima que otras 6.000 se han visto afectadas por la situación en la frontera.
La reunión coincidió con la visita oficial de Maduro a Vietnam, desde donde denunció un complot para asesinarle. El gobierno venezolano ha sido acusado de utilizar el incidente para distraer la atención de los venezolanos ante las elecciones parlamentarias que se celebrarán en el país el 6 de diciembre. El estado de excepción ordenado por el presidente impedirá que en los próximos dos meses se celebre ningún acto de campaña previo a las elecciones. Chaderton aseguró que la reunión de este lunes, “puede servir para avivar algunos sentimientos” de cara a las elecciones parlamentarias que también celebrará Colombia el 25 de octubre.
El respaldo de la OEA es un contratiempo para el presidente Santos, a quien la oposición había acusado de no responder con suficiente dureza a las actuaciones de Maduro. “Colombia privilegia el diálogo y la diplomacia, ojalá de parte de Venezuela tengan esa misma actitud porque, hasta ahora, lo que hemos visto es que no tienen voluntad de diálogo ni de soluciones diplomáticas”, declaró entonces Santos.
El mandatario pidió después la reunión de cancilleres celebrada este lunes en la OEA, así como la de Unasur, que tendrá lugar el día 3 de septiembre. El pasado 27 de agosto, las cancilleres de exteriores de Colombia y Venezuela, María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez, respectivamente, habían celebrado un encuentro de seis horas en Cartagena de Indias como un gesto de calma en medio de la crisis, sin lograr una solución definitiva.
Las normas del organismo establecen que Colombia necesitaba al menos 18 votos a favor de los 34 miembros. Una mayoría amplia le hubiera dado indicación del apoyo de la comunidad internacional en esta crisis con el país vecino. Venezuela, sin embargo, intentó bloquear la iniciativa para que sólo sea estudiada por Unasur, que celebrará su cita el próximo día 3 de septiembre. En Unasur, donde no están representadas las naciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, Venezuela tendrá más fácil lograr otra votación
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