RAFAELCORREA PRES. DE ECUADOR
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció el jueves pasado una agresión contra la libertad de los medios informativos en Ecuador. Es un “duro revés para la libertad de expresión”, expresó la entidad periodística con sede en Miami.
La denuncia se refiere a un hecho acontecido el pasado 3 de diciembre, cuando la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó 15 enmiendas a la Constitución propuestas por el poder ejecutivo. Una de esas enmiendas establece que la información es un “servicio público”, como se contempla en la Ley Orgánica de Comunicación promulgada en el 2013.
Lo que se teme es que el gobierno ecuatoriano, al determinar que la información es un servicio público, pueda controlarla como lo haría con cualquier otro servicio, el suministro de agua o de electricidad, por ejemplo.
Según el presidente de la SIP, Pierre Manigault, presidente del periódico norteamericano The Post and Courier, se trata de “una vuelta más del torniquete contra la libertad de prensa y de expresión”.
La enmienda, según la SIP, “apuntala la política comunicacional del gobierno de Correa”. Esa política se apoya en la ley de comunicación antes citada, que permite la utilización de entidades de supervisión para controlar y censurar el contenido de los medios informativos.
El problema es que se está legitimando la vigilancia y el control de los medios al darle un carácter constitucional a través de la enmienda.
El público de Ecuador, como cualquier otro público del mundo, tiene derecho a recibir una información libre que no pase por la censura oficial. En una sociedad libre, los medios informativos no pueden estar supeditados al parecer del Estado; para eso el Estado tiene sus voceros.
En el caso de que un medio divulgue mentiras o calumnias a propósito, existen leyes que penalizan la difamación a las que los afectados pueden acogerse. Eso no es igual que dictar una enmienda cuya lamentable consecuencia será un control gubernamental de la información.
La enmienda recién aprobada por la Asamblea Nacional de Ecuador constituye, como dijo la organización ecuatoriana Fundamedios, “un grave retroceso y vulneración al derecho a la libertad de expresión”.
El gobierno de Rafael Correa debería reconsiderar la clasificación de la información como un servicio público y la Asamblea Nacional debería dar marcha atrás a la enmienda.
La Sociedad Interamericana de Prensa SIP desea seguir manipulando los contenidos informativos, porque según sus principios,
la guerra de cuarta generación se ganan primero en el campo de las ideas.por tanto sostienen que:
La información debe ser libre!!
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció el jueves pasado una agresión contra la libertad de los medios informativos en Ecuador. Es un “duro revés para la libertad de expresión”, expresó la entidad periodística con sede en Miami.
La denuncia se refiere a un hecho acontecido el pasado 3 de diciembre, cuando la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó 15 enmiendas a la Constitución propuestas por el poder ejecutivo. Una de esas enmiendas establece que la información es un “servicio público”, como se contempla en la Ley Orgánica de Comunicación promulgada en el 2013.
Lo que se teme es que el gobierno ecuatoriano, al determinar que la información es un servicio público, pueda controlarla como lo haría con cualquier otro servicio, el suministro de agua o de electricidad, por ejemplo.
Según el presidente de la SIP, Pierre Manigault, presidente del periódico norteamericano The Post and Courier, se trata de “una vuelta más del torniquete contra la libertad de prensa y de expresión”.
La enmienda, según la SIP, “apuntala la política comunicacional del gobierno de Correa”. Esa política se apoya en la ley de comunicación antes citada, que permite la utilización de entidades de supervisión para controlar y censurar el contenido de los medios informativos.
El problema es que se está legitimando la vigilancia y el control de los medios al darle un carácter constitucional a través de la enmienda.
El público de Ecuador, como cualquier otro público del mundo, tiene derecho a recibir una información libre que no pase por la censura oficial. En una sociedad libre, los medios informativos no pueden estar supeditados al parecer del Estado; para eso el Estado tiene sus voceros.
En el caso de que un medio divulgue mentiras o calumnias a propósito, existen leyes que penalizan la difamación a las que los afectados pueden acogerse. Eso no es igual que dictar una enmienda cuya lamentable consecuencia será un control gubernamental de la información.
La enmienda recién aprobada por la Asamblea Nacional de Ecuador constituye, como dijo la organización ecuatoriana Fundamedios, “un grave retroceso y vulneración al derecho a la libertad de expresión”.
El gobierno de Rafael Correa debería reconsiderar la clasificación de la información como un servicio público y la Asamblea Nacional debería dar marcha atrás a la enmienda.
La Sociedad Interamericana de Prensa SIP desea seguir manipulando los contenidos informativos, porque según sus principios,
la guerra de cuarta generación se ganan primero en el campo de las ideas.por tanto sostienen que:
La información debe ser libre!!
