El diario, cuya sede está en Ciudad Guayana (estado de Bolívar, sur), publicó entre mayo y septiembre de 2013 una serie de informes en los que abordó una investigación judicial que inculpaba por delitos de peculado, malversación agravada, extorsión y asociación para delinquir a varios empresarios vinculados con la estatal CVG Ferrominera Orinoco.
A la condena por delitos de “difamación e injuria continuada”, se suma una multa a Natera y la prohibición al medio de publicar noticias sobre uno de los empresarios señalados, que presentó la demanda en 2013.
Natera permanecerá en libertad mientras se cumple el proceso de apelación al fallo de primera instancia.
Sin embargo, no podrá salir del país y deberá presentarse ante la corte cada 30 días.
“Se ha condenado al Correo del Caroní por ejercer su independencia editorial y contribuir con la transparencia”, escribió Oscar Murillo, jefe de redacción del periódico, en su cuenta de Twitter.
Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, consideró por su parte que la sentencia es un “mecanismo de censura previa”.
“Cualquier medio al que mañana llegue información sobre un caso de corrupción, se va a ver en el espejo de Correo del Caroní y probablemente se inhibirá de investigar o de publicar la información”, dijo Correa.
El presidente del Consejo Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, declaró a la prensa que el fallo busca “amedrentar” a la prensa venezolana “para que se someta a una censura y una autocensura innecesaria en un país democrático”.
A comienzos de febrero pasado, la mayoría opositora en el Parlamento comenzó a discutir una propuesta de reforma a una ley de medios que establece sanciones por difundir mensajes que puedan hacer apología del delito, constituir manipulaciones dirigidas a fomentar zozobra o desconocer a las autoridades legítimamente constituidas.
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