En la madrugada del domingo entró en vigor la reforma de la ley de vigilancia de la NSA que impide que el gobierno recolecte directamente los datos telefónicos de millones de ciudadanos.
El gobierno ya no podrá recopilar esa información sino que tendrá que solicitarla a las compañías en caso de que la requiera por motivos de seguridad.
El Congreso aprobó en junio la reforma de la norma conocida como “Ley de Libertad de EE.UU”, promulgada inmediatamente por el presidente Barack Obama.
La reforma enmienda ciertos apartados de la “Ley Patriota”, aprobada tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, como la recolección masiva de datos telefónicos de los ciudadanos.
Un tribunal secreto conocido como FISA supervisa el programa desde 2006 y los analistas de la NSA aseguran que sólo analizan la información telefónica con el propósito de buscar sospechosos en investigaciones antiterroristas.
Algunos senadores republicanos, liderados por el aspirante presidencial Marco Rubio y por el legislador de Arkansas Tom Cotton, habían intentado retrasar el fin oficial del programa tras los atentados de París del 13 de noviembre pasado, que se atribuyó el grupo yihadista Estado Islámico y en el que murieron 130 personas.
La iniciativa no prosperó pese a que tenían el apoyo del líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.
Las revelaciones de Snowden se dieron a conocer en junio de 2013, cuando el joven filtró a varios medios de comunicación los detalles sobre los programas de vigilancia de la NSA, encargados de recopilar millones de datos telefónicos de los usuarios.
El escándalo se hizo aún mayor cuando trascendió que varios mandatarios extranjeros podrían haber sido víctimas también del espionaje.
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